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Campesinos desplazados violentamente por el Gobierno de Juan Manuel Santos

febrero 22, 2012

¡ÉL VÍDEO QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO NO QUIERE QUE VEAMOS!

AVANZA RESISTENCIA CIVIL CONTRA LA AGRESIÓN DEL ESTADO Y EMGESA

La única respuesta a la resistencia y desobediencia civil no violenta orientada con argumentos por Asoquimbo fue el brutal desalojo ordenado por el Gobierno de Santos durante los días 14 y 15 de febrero de poblaciones afectadas que se encontraban en su hábitat natural en las márgenes del río Magdalena en las veredas Domingo Arias de Paicol y Honda de Gigante y quienes están protegidos por la Ley 1242 de 2008, que declara COMO BIEN DE USO PÚBLICO una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce de los ríos de la Nación, reconociéndolos como INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES e INEMBARGABLES.

La acción violenta se cumplió coordinadamente entre el Gobierno Nacional y Emgesa contra campesinos y pescadores inermes cuya única respuesta fue cogerse solidariamente de las manos para abrazar el río Magdalena o lanzarse al mismo, mientras recibían cargas de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, ocasionando varios heridos, entre ellos, el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón quien perdió su ojo derecho.

Sin lugar a dudas, el Gobierno reafirmó su decisión de imponer el Proyecto recurriendo a la violencia para favorecer a la transnacional, desconociendo los derechos de los afectados e impidiendo el acceso del Observatorio Internacional de Paz, de organismos de Derechos Humanos y reporteros nacionales e internacionales a los lugares donde se realizaron las agresiones militares

Sin embargo, la resistencia civil recuperó de nuevo y valerosamente una zona de playa, estratégica para la defensa del río Magdalena, ubicada en la parte superior del túnel construido por Emgesa, al tiempo que Asoquimbo convoca a movilizaciones sociales en el Huila y el país, a partir del lunes 20 de febrero POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, EL RIO MAGDALENA Y LA DIGNIDAD DE LOS AGREDIDOS POR EL CRIMINAL DESALOJO DEL ESTADO Y EMGESA, con el propósito de impedir el desvío del río Magdalena (Yuma) que fue nuevamente aplazado según Emgesa por más de 20 días para el 6 de marzo como “consecuencia a la parálisis de obras que generó la protesta de Asoquimbo”

A este avance significativo de la resistencia civil se suma el acogimiento de dos Acciones de Tutela, interpuestas por Asoquimbo por la protección del territorio y la suspensión de obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo como condición para garantizar el mínimo vital para quienes fueron despojados de su trabajo.

El Senador Alexander López envió cuestionario para control político al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras teniendo en cuenta que su hermano José Antonio Vargas Lleras es el Presidente de CODENSA que agrupa los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica, a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá EEB y Emgesa a quien el gobierno colombiano le concesionó el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Durante los días sábado 18 y domingo 19 de febrero, en Hobo y Gigante, Asoquimbo realizará, en coordinación con delegados de la Contraloría General de la Nación, talleres de socialización y actualización del censo de poblaciones realizado por la organización para que la Contraloría exija la actualización del censo de Emgesa incorporando a todos los afectados para efectos de compensación.

Asoquimbo convoca a ciudadanos, organizaciones Sociales y de Derechos Humnanos a participar en las movilizaciones por la Defensa del Territorio a partir del 19 de febrero.

¡RIOS PARA LA VIDA…NO PARA LA MUERTE¡

2011: Las guerras de Álvaro Uribe Vélez

diciembre 24, 2011

Artículo tomado de: Razón Pública

Artículo original: 2011: Las guerras de Álvaro Uribe

María del Pilar Hurtado la ‘conejita’ asilada en Panamá

diciembre 24, 2011

Carta de Human Rights Watch al Presidente Juan Manuel Santos sobre el Fuero Militar

diciembre 13, 2011

Imagen

Washington, D.C. – 12 de diciembre de 2011

S.E. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Bogotá D.C., Colombia

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresarle nuestra profunda preocupación por el proyecto de “reforma a la justicia” que impulsa actualmente su gobierno y que ampliaría el alcance del fuero militar sobre casos de abusos cometidos por miembros de la fuerza pública colombiana. El artículo 11 del proyecto de acto legislativo reformaría la Constitución, al disponer que todos los actos realizados por miembros activos de la fuerza pública durante operaciones se presumirán tener “relación con el servicio” y, por ende, estarán sujetos a la justicia penal militar[1]. Este artículo —que permitiría que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública sean conocidos por el sistema de justicia militar— contraviene directamente la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se opone además a lo establecido por otros organismos internacionales de derechos humanos relevantes. Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares. Igualmente, al practicamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos.

La reforma a la justicia propuesta se contrapone a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CS) y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia, que en reiteradas oportunidades han resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer casos de violaciones graves de derechos humanos. Si bien el artículo 221 de la Constitución dispone que la justicia penal militar debería aplicarse a delitos cometidos por miembros activos de la fuerza pública que tengan “relación con el servicio”, numerosas sentencias y decisiones de la CC, la CS y el CSJ han establecido claramente que los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos y otras conductas “contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública” en ningún caso pueden tener relación con el servicio, y por lo tanto deben ser siempre investigados y juzgados por la justicia ordinaria[2].

Lo dispuesto en el proyecto de reforma a la justicia que sostiene que todos los actos cometidos durante operaciones militares se presumen relacionados con el servicio no coincide con esta jurisprudencia, ya que implica que se iniciarían en la justicia penal militar todas las investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública durante operaciones, incluidas las violaciones flagrantes de derechos humanos. Por ejemplo, de conformidad con el proyecto de reforma, la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre “falsos positivos”, es decir, aquellos casos en que miembros del Ejército asesinan a civiles para luego vestirlos con prendas de tipo militar y presentarlos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, ya que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se presentan como personas muertas durante enfrentamientos. El proyecto de acto legislativo contradice de manera manifiesta lo dispuesto por la CC, la CS y el CSJ, que en reiteradas sentencias y decisiones han indicado que la aplicación del fuero militar debería ser una excepción claramente delimitada al principio general de competencia de la justicia ordinaria, y que en caso de duda deberá aplicarse la justicia ordinaria[3]. Tal como se estableció en la histórica sentencia dictada por la Corte Constitucional en 1997, “[c]orresponde a la justicia ordinaria conocer del proceso en caso de duda sobre la jurisdicción competente. La relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse”[4].

La reforma también resulta contraria a los pronunciamientos y las decisiones de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado reiteradamente que las violaciones de derechos humanos no deben ser conocidas por el sistema de justicia militar, y que el alcance de la jurisdicción militar debería ser excepcional y restrictivo[5]. En un ejemplo reciente, la Corte Interamericana determinó en su sentencia de noviembre de 2009 dictada en el caso Radilla Pacheco v. México que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”[6]. Del mismo modo se pronunció la Corte Interamericana en mayo de 2007 en el caso de la Masacre de la Rochela v. Colombia, al señalar que esta exclusión de la jurisdicción militar se aplica a todas las etapas de un procedimiento: “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”[7]. Con respecto a la situación específica de Colombia, la Comisión Interamericana ha expresado que “[l]a falta de idoneidad de los tribunales penales militares colombianos como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de los derechos humanos ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Comisión”[8].

La jurisprudencia de los más altos tribunales colombianos y de la Corte Interamericana coincide con la posición de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos. El proyecto de principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en el principio N.° 9 que “en todo caso, la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse en favor de la de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes”[9]. Esta ha sido también la opinión de los organismos europeos de derechos humanos y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos[10]. Con respecto al delito de desaparición forzada, cabe mencionar que el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que también ha sido ratificada por Colombia, dispone que “[l]os presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”[11].

La estructura misma de la justicia penal militar impide que pueda impartirse justicia de manera independiente e imparcial en casos de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que “[p]or su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana… El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción… El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado Colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo”[12]. Efectivamente, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, los tribunales militares están integrados por miembros activos o retirados de la fuerza pública. La naturaleza jerárquica de las fuerzas armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas.

El record histórico de la justicia penal militar de Colombia muestra que no ha logrado que quienes cometieron violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la notoria ausencia de resultados por parte de tribunales militares en la obtención de condenas contra los responsables de casos de “falsos positivos”. Las autoridades de la justicia penal militar no sólo no han impartido justicia en estos casos, sino que además habrían cerrado causas sin llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos denunciados. El informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia advierte sobre “casos [de ejecucciones extrajudiciales]… que pudieron haber sido archivados por [la justicia penal militar] sin una adecuada actuación judicial”[13]. La Comisión Interamericana también señaló en su informe de 2010 que en Colombia “los jueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos”[14].

Excmo. Sr. Presidente: su actual Ministro de Defensa ha defendido el mencionado proyecto asegurando que los tribunales militares remitirán los casos de violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria cuando existan evidencias de que se han cometido violaciones de derechos humanos. No obstante, por las mismas razones que no cabría confiar en que la justicia penal militar investigue y juzgue violaciones de derechos humanos, tampoco se puede esperar que remita los casos a la justicia ordinaria oportunamente para que se inicie una investigación penal adecuada.

Los jueces militares carecen de suficiente independencia e imparcialidad para determinar si un presunto delito constituye una violación de derechos humanos y remitir oportunamente el caso a las autoridades de la justicia ordinaria cuando sea necesario. A su vez, la capacidad de los jueces militares de adoptar tales determinaciones de manera imparcial también se ve menoscabada por los antecedentes de presiones y amenazas que han sufrido algunos jueces militares que han transferido casos de abusos a la jurisdicción penal ordinaria. Por ejemplo, en su informe de 2010, la Comisión Interamericana indicó que en Colombia se había “recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria”[15]. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2010 sobre Colombia, señaló también que “de acuerdo con información recibida reiteradamente, las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria”[16]. La presión que pueden recibir los jueces al decidir si corresponde remitir una investigación a la justicia ordinaria resultó evidente en el caso del ex juez militar Alexánder Cortés, que fue destituido de su cargo luego de remitir casos de falsos positivos a la jurisdicción penal ordinaria, y posteriormente abandonó el país tras recibir amenazas de muerte. En una entrevista concedida a la revista Semana en julio de 2010, Cortés contó que había vivido en la misma brigada militar que uno de los oficiales a quien debía investigar y dijo al respecto: “Justo al frente de mi dormitorio vivía uno de los oficiales que me tocó investigar, el cual era uno de los más comprometidos con ‘falsos positivos’, relaciones con paramilitares y narcotráfico”[17].

De hecho, las autoridades militares no han remitido oportunamente los casos de violaciones de derechos humanos a la jurisdicción ordinaria. El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales informó en 2010 que en Colombia “las barreras principales para el enjuiciamiento efectivo de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de ejecuciones extrajudiciales son los constantes conflictos jurisdiccionales entre estos dos sistemas de justicia y el hecho de que los jueces militares no remiten los casos pertinentes al sistema de justicia civil”[18]. En este mismo sentido, tanto la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaron sobre un descenso en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales que se habían remitido de la jurisdicción militar a la justicia ordinaria en 2010[19]. (La investigación y el juzgamiento por las autoridades de la justicia ordinaria de miembros de las fuerzas armadas que presuntamente han cometido violaciones de derechos humanos ha sido un requisito del proceso de certificación sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la entrega de ayuda militar a Colombia). Hasta julio de 2011, más de 400 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales aún continuaban en la jurisdicción militar.

En definitiva, al ampliar el poder de los jueces militares para determinar la jurisdicción competente respecto de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, la reforma reduciría considerablemente la probabilidad de que las autoridades de la justicia ordinaria puedan investigar y juzgar casos de violaciones de derechos humanos. Especialmente cuando la reforma tampoco prevé controles eficaces para asegurar que los jueces militares remitan inmediatamente estos casos a la justicia ordinaria. E incluso si los tribunales militares efectivamente remitieran los casos de violaciones de derechos humanos a las autoridades de la justicia ordinaria, tal como afirma el Ministro de Defensa que sucederá, la investigación inicial por las autoridades militares supondrá demoras innecesarias y la pérdida de tiempo valioso que debería ser empleado por los fiscales de la justicia ordinaria para recabar pruebas durante la etapa inicial de la investigación. Mientras tanto, los responsables continuarán en libertad.

Me imagino que S.E. seguramente tuvo en cuenta muchos de los aspectos mencionados en esta carta cuando, durante su función al frente del Ministerio de Defensa, promovió el traslado de los casos de falsos positivos a la jurisdicción ordinaria. La remisión de causas a la justicia ordinaria advirtió a las fuerzas de seguridad que serían juzgadas por sus actos y que no continuarían gozando de la impunidad que les otorgaba la justicia penal militar. Esta iniciativa fue clave para conseguir una rotunda reducción de los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados desde 2008. No obstante, estos avances son precarios, y durante 2010 y 2011 persistieron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del estado. Debilitar los mecanismos de rendición de cuentas de la fuerza pública podría provocar un resurgimiento de las prácticas de ejecuciones extrajudiciales que fueron frecuentes durante la década pasada.

Nos preocupa particularmente que el artículo 11 de su proyecto de reforma a la justicia permita que miles de causas sobre violaciones de derechos humanos que ya se encuentran en la justicia ordinaria vuelvan a la justicia penal militar. Luego de los avances conseguidos por las autoridades civiles en el juzgamiento de falsos positivos y otros abusos militares recientes, el traslado de casos a la jurisdicción militar limitaría significativamente la capacidad de Colombia de cumplir con su obligación jurídica internacional de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos. En última instancia, la devolución de miles de causas sobre abusos militares a la justicia penal militar podría socavar la independencia e imparcialidad de los procesos, y si tales procesos son incompatibles con una verdadera intención de juzgar a los responsables de estas atrocidades, Colombia podría exponerse a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos de falsos positivos.

Excmo. Presidente Santos, en un discurso pronunciado el mes pasado, S.E. señaló que el único modo en que la fuerza pública colombiana podrá asegurar la paz y la seguridad es “con apego al estado de derecho”. Si bien hasta el momento consideramos muy positivo el compromiso con el estado de derecho expresado por su gobierno, la aprobación del artículo 11 del proyecto de reforma a la justicia frustraría estos principios de manera directa. Al ampliar el alcance del fuero militar y reducir drásticamente la probabilidad de que las autoridades civiles investiguen y juzguen casos de violaciones de derechos humanos, la reforma representaría un grave retroceso frente a la obligación jurídica asumida por Colombia de garantizar rendición de cuentas y justicia para las víctimas de graves abusos.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

CC: Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior
CC: Dr. Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia y del Derecho
CC: Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa
CC: Dra. Viviane Morales, Fiscal General de la Nación
CC: Dr. Sergio Jaramillo, Alto Asesor Presidencial de Seguridad Nacional
CC: Dra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores


[1]Artículo 11, proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia, 143/2011 C, texto aprobado durante el tercer debate del 2 de diciembre de 2011.

[2]Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-878/00; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-1184/01; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200601121 00, decisión del 14 de agosto de 2006; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200900097 01 – 1134C, decisión de febrero de 2009; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Caso número 26137, decisión del 6 de mayo de 2009.

[3]Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-878/00; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200601121 00, decisión del 14 de agosto de 2006; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200900097 01 – 1134C, decisión de febrero de 2009; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Caso número 21923, decisión del 25 de mayo de 2006; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Caso número 26137, decisión del 6 de mayo de 2009.

[4]Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97.

[5]Ver, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Corte I.D.H., Serie C N.° 154, párr. 131; Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, Corte I.D.H., Serie C N.° 163, párr. 200; Caso Radilla Pacheco v. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Corte I.D.H., Serie C N.° 209, párrs. 272 y 274. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 19/05. Petición 54/04, Admisibilidad. Valdemir Quispialaya Vilcapoma, Perú, 25 de febrero de 2005, párr. 46. Informe N.° 13/04. Petición 136/03, Admisibilidad. Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, Perú, 27 de febrero de 2004, párr. 59. Informe N.° 41/02. Petición 11.748, José del Carmen Álvarez Blanco y otros (Pueblo Bello), Colombia, 9 de octubre de 2002, párr. 24; Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42.

[6]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco v. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Corte I.D.H., Serie C N.° 209, párr. 274.

[7]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, Corte I.D.H., Serie C N.° 163, párr. 200.

[8]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán Sánchez, Colombia, 23 de julio de 2008, párr. 77.

[9]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La administración de justicia por los tribunales militares: informe presentado por el Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Sr. Emmanuel Decaux, Proyecto de principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares, E/CN.4/2006/58, 13 de enero de 2006, principio núm. 9.

[10]Ver, por ejemplo, Declaración y recomendaciones de Dakar sobre el derecho a un juicio justo en África (1999); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, “Principios y directrices relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África,” DOC/OS(XXX)247, 2001, donde se establece que “[l]a única finalidad de los tribunales militares deberá ser determinar delitos de naturaleza exclusivamente militar cometidos por personal militar”. Esta postura es confirmada por sentencias como Law Office of Ghazi Suleiman v. Sudan, Comm. Nos. 222/98 y 229/99 (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 2003); Media Rights Agenda v. Nigeria, Comm. No. 224/98 (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 2000). El Tribunal Europeo también ha criticado el uso de tribunales militares para juzgar delitos que no son los de naturaleza estrictamente militar, en casos donde eran parte civiles, e incluso en casos cuyo objeto correspondería adecuadamente a los tribunales militares ha criticado reiteradamente la falta de independencia de los tribunales militares. Ver jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, en Findlay v. The United Kingdom (110/1995/616/706), Sentencia del 25 de febrero de 1997; Incal v. Turkey, Sentencia del 9 de junio de 1998, ECHR Reports 1998-IV; Ergin v Turkey (47533/99) (2008) 47 EHRR 36.

[11]Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 33 I.L.M. 1429 (1994), en vigor desde el 28 de marzo de 1996, ratificada por Colombia el 1 de abril de 2005, artículo 9.

[12]Ver, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán Sánchez, Colombia, 23 de julio de 2008, párrs. 76 y 77. Informe N. ° 63/01, Caso 11.710, Carlos Manuel Prada Gonzalez y  Evelio Antonio Bolaño Castro, Colombia, 6 de abril de 2001, párr. 41. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999),  págs. 175 a 186.

[13]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 26.

[14]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, 7 de marzo de 2011, Capítulo IV, Colombia, párr. 31.

[15]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, 7 de marzo de 2011, Capítulo IV, Colombia, párr. 30.

[16]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 28.

[17]“Capitán nunca juzgará a coronel”, revista Semana, 17 de julio de 2010, http://www.semana.com/nacion/capitan-nunca-juzgara-coronel/141923-3.aspx (consultado el 6 de diciembre de 2011).

[18]Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo de 2010, párr. 37.

[19]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 28; Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Memorandum of Justification Concerning Human Rights Conditions with Respect to Assistance for the Colombian Armed Forces”, septiembre de 2010, pág. 31.

Tomado de: http://www.hrw.org/es/news/2011/12/12/colombia-debe-retirar-proyecto-que-ampliar-el-fuero-militar

Los nuevos falsos positivos

septiembre 6, 2011

Artículo tomado de: http://dakhma.blogspot.com/

La policía llegó a la Institución Educativa “Laguna de Bacca” el martes 30 de Agosto en horas de la mañana. Con amabilidad anunciaron que estaban realizando campañas de concientización contra la violencia en los niños y jóvenes. Informaron a los profesores que regresarían al día siguiente a realizar una requisa a los estudiantes de la institución. Efectivamente el martes llegaron pero tan tarde que casi no habían estudiantes en la institución. Requisaron a los que encontraron y no hallaron nada que pudiera considerarse peligroso. Como su interés era hacer campaña de concientización le pidieron a los estudiantes que al día siguiente llevaran armas de juguetes para cambiarlas por cuadernos y refrigerios, y darles una pequeña capacitación respecto a la no violencia. Los niños entusiasmados rebuscaron sus pistolas de plástico y hasta fabricaron de madera con tal de no quedarse por fuera del refrigerio. Al día siguiente, finalmente, se cumplió con el objetivo que había anunciado la policía y los estudiantes fueron “desarmados” mientras recibían su respectivo cuaderno y una galleta con gaseosa. Fue muy curioso notar que la gaseosa era marca “Inka Cola”, marca peruana ¿Economizando gracias a los decomisos de contrabando? Ese detalle, sin embargo, fue opacado al día siguiente por la aparición de una noticia relacionada con la actividad en el “Diario del Sur” (popular diario nariñense) El titular reza “Alumnos de primaria llevan armas a clases” (puede hacer clic sobre el titular para ver la noticia) y está acompañado por una fotografía que no corresponde a la institución. Así empieza la noticia: “Alarmada se encuentran la comunidad de la vereda Laguna de Baca de Ipiales, luego de que la Policía encontrara armas blancas como cuchillos, navajas y tijeras en el área de primaria de una escuela de la zona.” Y continúa con toda una serie de desinformaciones cada cual más alarmante que la otra. El artículo llegó incluso hasta la página del ministerio de educación. (Aquí puede encontrarlo)El caso es tan monstruoso que el rector de la institución ha requerido rectificación por parte de la policía y de los medios que han publicado esta desinformación.

Uno se pregunta cuál es el motivo de semejante despropósito. ¿Simple ineptitud? ¿O estamos ante la nueva modalidad de falsos positivos? Porque este puede ser considerado, sin duda, un falso positivo: incluye la intención desesperada de mostrar algún resultado, la victimización (en este caso mediática) de personas inocentes, y la difusión de información a todas luces manipulada. Es indudable que la inseguridad se está comiendo a Ipiales y al país, eso no es nuevo para nadie. ¿Será que la forma de combatirla es mostrando falsos resultados? ¿Lo importante es intentar impresionar a los medios? Pareciera que la premisa es combatir la percepción de inseguridad y no la inseguridad. Llamando “Operativo” a lo que se supone que era una campaña, invitando a llevar armas a los niños para luego señalarlos por llevar armas, en fin, da verdadero asco esta forma de hacer las cosas.

Un llamado adicional también a los periodistas. ¿Cómo es posible que publiquen la noticia sin verificar la información? Lo mínimo que se debió hacer fue contactar a alguien del colegio para que diera su versión de la historia. Una vergüenza para las instituciones policivas (aprovecharse de los niños de primaria, nada menos) y una vergüenza para el periodismo.

Artículo original: Malas noticias (Los nuevos falsos positivos)

La ayuda de EE.UU. implicada en abusos de poder en Colombia (The Washington Post)

agosto 21, 2011

El ex presidente de Colombia Alvaro Uribe un aliado de EE.UU. a lo largo de sus ocho años de mandato, habla durante una audiencia sobre su presunta responsabilidad en las interceptaciones ilegales de sus rivales políticos, periodistas y funcionarios de la justicia en Bogotá.

Por Karen DeYoung y Claudia J. Duque, Publicado: 20 de agosto

La administración de Obama cita a menudo la democracia próspera de Colombia como prueba que la ayuda, los conocimientos técnicos y la comisión de los E.E.U.U. puedan dar vuelta a un estado potencialmente fallido bajo el cerco del terrorismo.

La campaña financiada por Estados Unidos de contrainsurgencia contra un grupo rebelde marxista – y la coordinación civil y militar detrás de ella – se ve como tan acertada que se ha convertido en un modelo para la estrategia en Afganistán.

Sin embargo, nuevas revelaciones en la larga lista de escándalos políticos del ex presidente Álvaro Uribe, un cercano aliado de EE.UU. a lo largo de sus ocho años de mandato, han implicado a la ayuda estadounidense, y, posiblemente, funcionarios de EE.UU., en los atroces abusos de poder y acciones ilegales por parte del gobierno colombiano con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Dinero en efectivo estadounidense, equipo y capacitación, suministrada a las unidades de elite de los servicios de inteligencia de Colombia en la última década, para ayudar a romper los anillos del tráfico de cocaína, fueron utilizados para llevar a cabo operaciones de espionaje y las campañas de desprestigio en contra de jueces de la Corte Suprema, los opositores políticos de Uribe y grupos de la sociedad civil , de acuerdo a los documentos policiales obtenidos por The Washington Post y entrevistas con los fiscales y ex funcionarios de inteligencia colombianos.

Las revelaciones son parte de una investigación cada vez mayor por la oficina del fiscal general de Colombia en contra del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Seis altos ex funcionarios de inteligencia han confesado los crímenes, y más de una docena de agentes de otras agencias están en juicio. Varios de los colaboradores más cercanos de Uribe han sido objeto de escrutinio, y Uribe está siendo investigado por una comisión legislativa especial.

Funcionarios de EE.UU. han negado tener conocimiento o participación en actos ilegales cometidos por el DAS, y los fiscales colombianos no han denunciado la existencia de la colaboración estadounidense. Pero la historia de lo que el DAS hizo con gran parte de la ayuda de EE.UU. ha recibido una advertencia de consecuencias imprevistas. Al igual que en Afganistán y otros países donde Estados Unidos está totalmente enfocado en ganar aliados contra el terrorismo, algunos de los destinatarios de la ayuda a Colombia claramente desviaron sus propias agendas políticas.

Durante más de una década, bajo tres administraciones, Colombia ha sido el mejor amigo de Washington en América Latina y el mayor receptor de ayuda militar y económica – $ 6 mil millones durante la presidencia de Uribe 2002 – 2010. El total anual se ha reducido ligeramente durante el gobierno de Obama, a poco más de un billón y medio de dólares en ayuda combinada este año.

A pesar de los importantes avances que se hicieron en contra de los rebeldes y los grupos de tráfico de drogas, altos ex agentes de inteligencia dicen que el DAS bajo Uribe destacó los objetivos políticos sobre los insurgentes y narcotraficantes. El flujo constante de nuevas revelaciones ha continuado corrompiendo la reputación de Colombia, así como un gobierno dirigido por el sucesor de Uribe y ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien se ha comprometido a reemplazar el DAS con una nueva agencia de inteligencia en otoño.

Los fiscales dicen que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema y a sus magistrados investigadores que desenredaban las relaciones entre los aliados de la presidencia en el Congreso de Colombia y el tráfico de drogas de grupos paramilitares. Basando sus argumentos en miles de páginas de documentos del DAS y el testimonio de nueve ex funcionarios de alto rango del DAS, los fiscales dicen que la agencia era dirigida por la oficina del presidente para recoger los registros bancarios de los magistrados, seguir a sus familias, buscar errores de sus oficinas y analizar sus fallos.

“Toda la actividad montada contra nosotros – nos siguen, interceptan nuestros teléfonos – tenía un objetivo central: intimidarnos”, dijo Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la corte, principal investigador y un objetivo primordial de la vigilancia del DAS.

Gustavo Sierra, ex jefe de la oficina de análisis del DAS hoy encarcelado, revisó informes de inteligencia que fueron enviados a la presidencia, dijo que las metas de la corte “eran la prioridad” para el DAS bajo Uribe.

“Casi nunca dio órdenes contra el narcotráfico o la guerrilla”, dijo Sierra en una entrevista.

Recursos y orientación

Algunos de los acusados ​​o investigados han descrito la importancia de los EE.UU. en recursos de inteligencia y orientación, y dicen que periódicamente informaron a funcionarios “de enlace” de la embajada de sus actividades de recolección de inteligencia. “Estábamos organizados a través de la Embajada de Estados Unidos”, dijo William Romero, quien dirigió la red de informantes del DAS y supervisó la infiltración a la Corte Suprema. Como muchos de los altos funcionarios del DAS en la cárcel o que enfrentan cargos, recibió entrenamiento de la CIA. Algunos recibieron becas para completar cursos en recopilación de información en universidades norteamericanas.

Romero, que ha aceptado un acuerdo de culpabilidad de los fiscales a cambio de su cooperación, dijo en una entrevista que las unidades del DAS dependen de los Estados Unidos pues éste suministra equipos, dispositivos de escuchas telefónicas, cámaras y móviles, sistemas de interceptación telefónica, así como el alquiler de casas de seguridad y algo de efectivo para la gasolina. “Podríamos haber funcionado” sin la ayuda de EE.UU., dijo, “pero no con la misma eficacia.”

Una unidad dependiente de la ayuda de la CIA, según el testimonio de los ex funcionarios del DAS en las declaraciones, fue el Grupo de Observaciones Nacionales e Internacionales (GONI).

Unidad creada para acabar con los vínculos entre los agentes extranjeros y las guerrillas colombianas, giró su atención hacía el Tribunal Supremo después de que los magistrados empezaron a investigar al primo del presidente, el entonces Senador Mario Uribe, dijo el ex director,  German Ospina, en una declaración a los fiscales. Las órdenes provenían “de la presidencia, ellos querían resultados inmediatos”, dijo Ospina a los fiscales.

Otra unidad que funcionó durante ocho meses en 2005, fue el Grupo de Análisis de Medios Terroristas (GAME), se reunieron expedientes de los dirigentes sindicales, irrumpieron en sus oficinas y se grabó en video a los activistas sindicales. Los Estados Unidos proporcionaron equipos y decenas de miles de dólares, según un informe interno del DAS, y miembros de la unidad se reunieron periódicamente con un funcionario de la embajada que recuerdan como: “Chris Sullivan.”

“Cuando estábamos avanzando en ciertas actividades, él iba a ver cómo estábamos avanzando”, dijo José Gabriel Jiménez, un ex analista de la unidad, durante una audiencia en la corte.

La CIA se negó a comentar sobre las denuncias específicas o la descripción de su relación con el DAS proporcionada por las autoridades colombianas. “Las tres cartas de la CIA arrojan una mezcla de muchas cosas, y por un montón de gente. Eso no quiere decir que las denuncias sobre la agencia son nada más que eso”, dijo un funcionario de inteligencia de EE.UU., que habló a condición de anonimato.

Mientras las revelaciones del DAS surgían en los medios de comunicación colombianos durante el verano de 2009, el entonces Embajador William Brownfield, convocó a una reunión a toda la embajada y preguntó cuáles agencias estadounidenses trabajaban con el DAS, según un cable secreto del Ministerio de Asuntos Exteriores liberado por WikiLeaks. Representantes de ocho agencias levantaron sus manos – incluyendo a la CIA, la DEA, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos. Todas las agencias, según Brownfield informó en un cable de septiembre del 2009, “no tenía conocimiento o conexión con la actividad ilegal del DAS y acordaron seguir reduciendo su participación con esa agencia.”

Brownfield, en reuniones posteriores con Uribe y otros funcionarios, instó al gobierno a salir al frente de las revelaciones, y advirtió que podría poner en peligro la alianza entre EE.UU. y Colombia.

“Sí otro escándalo del DAS estalla, nuestro plan B consiste en poner fin a toda asociación con el DAS de inmediato”, informó Brownfield a Francisco Santos, vicepresidente de Uribe, y al director del DAS, Felipe Muñoz el 16 de septiembre de 2009.

Sin embargo, la relación continuó durante otros siete meses. En abril de 2010, Brownfield anunció que todos los fondos de los E.E.U.U. dirigidos previamente al DAS en adelante irían a la Policía Nacional de Colombia. Hoy en día, el DAS con 51 años de edad, 6.000 empleados, múltiples funciones y un presupuesto anual de $ 220 millones, todavía cojea pero sigue hacía adelante. Sin embargo, Muñoz ha estado bajo investigación, al igual que cuatro ex directores del DAS.

Uribe, hablando a través de su abogado, Jaime Granados, rechazó una solicitud para una entrevista. Sin embargo, el ex presidente ha negado que se encargara de supervisar las actividades ilegales y dijo que los funcionarios de su gobierno estaban siendo perseguidos políticamente. Cuatro de sus principales colaboradores se encuentran bajo investigación, y su jefe de gabinete, Bernardo Moreno, está encarcelado en espera de un juicio por conspiración y otros cargos.

Años de problemas

Entrevistas con ex funcionarios de EE.UU. y las pruebas que surgen en la investigación contra el DAS demuestran que la agencia durante años ha cometido graves delitos, con una propensión a acciones ilegales que no es desconocida para los funcionarios de la embajada.

El primer director del DAS en la presidencia de Uribe,  Jorge Noguera – quien la embajada de EE.UU. en el año 2005 consideró “pro-Estados Unidos y un tecnócrata honesto” y lo recomendó para ser miembro de la Interpol para América Latina, de acuerdo con los cables de WikiLeaks – está siendo juzgado y acusado de haber ayudado a sicarios para que asesinaran a activistas sindicales. El año pasado, los fiscales acusaron a otro ex director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato en 1989 del líder y candidato presidencial, Luis Carlos Galán.

Myles Frechette, el embajador de EE.UU. en Colombia desde 1994 a 1997, dijo que incluso en su mandato los funcionarios estadounidenses creen que las unidades del DAS fueron manchadas por la corrupción y vinculadas a los narcotraficantes. Pero dijo que la embajada necesitaba un socio para desarrollar la inteligencia sobre los traficantes de drogas y las guerrillas.

“Toda la gente que trabajó conmigo en la embajada me dijo: ‘Usted no puede realmente confiar en el DAS'”, dijo Frechette, agregando que él piensa que el DAS tiene señas de identidad de una empresa criminal.

Varios altos diplomáticos de EE.UU. enviados a las embajadas en los últimos años, dijeron que no tenía conocimiento de que las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia de los E.E.U.U. estuvieran implicadas en los juegos sucios del DAS, pero todos dijeron que no les sorprendía.

“Había preocupaciones por algunas clases de actividades, pero también una necesidad en nombre de los intereses de los E.E.U.U. de preservar la relación,” dijo un diplomático que habló en condición de anonimato. “Estoy razonablemente seguro que nuestro apoyo fue correcto.”

Duque es una periodista independiente con sede en Bogotá, Colombia. El corresponsal Juan Forero, también con sede en Bogotá, contribuyó con este informe.

Artículo original: U.S. aid implicated in abuses of power in Colombia

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Jaime Garzón, 12 años de Impunidad

agosto 11, 2011


Jaime Garzón o un anhelo de justicia

Por impunidad, caso de Jaime Garzón irá a la justicia interamericana

¿Dónde está la diferencia? (DOCUMENTAL)

julio 26, 2011

La Historia de la ‘Penetrada’ de Uribe en Twitter

julio 21, 2011

El grupo de activistas informáticos llamado Anonymous crackea la cuenta de Álvaro Uribe en Twitter @alvarouribevel.

Ya en la cuenta de @alvarouribevel, Anonymous modifica el fondo y el perfil de Uribe colocando la página web del grupo en Colombia e imágenes alusivas al mismo, posterior a ello envían un ‘tweet’ o trino con un mensaje y un video en el cual critican la celebración de los 201 años de ‘independencia’ en Colombia e invitan a los colombianos a luchar por sus derechos.

“No olvidamos, No perdonamos”

Luego Uribe recupera su cuenta, llama a Anonymous “terroristas” y pide a Twitter “recuperar” su cuenta pues a sido “penetrada” en varias ocasiones, la referencia a la palabra “penetración” muchas veces por parte de Uribe para referirse al crackeo genera el trino #Uribepenetrado que logra ser tema del momento (TT) en esa red social.

Uribe por último borra el ‘tweet’ del grupo Anonymous pero no cambia ni la información de su perfil ni el fondo en el cual se aprecia la página e  imagen de los activistas.

Otros blancos de anonymous fueron: la página de Facebook de Juan Manuel Santos, páginas de diferentes entidades públicas y la Policía Nacional, esta última sufrió el mayor ataque y se extrajo información de algunos de sus integrantes la cual el grupo Anonymous pidió investigar.

Así finalizó el día de la ‘Independencia’ de Colombia con la “penetrada” a la cuenta de Álvaro Uribe en Twitter y el TT #uribepenetrado.

“Los Nuevos” Paramilitares de Colombia

julio 11, 2011

“LOS NUEVOS” PARAMILITARES DE COLOMBIA

He aquí un resumen de los principales “grupos criminales emergentes” en Colombia. El gobierno colombiano se refiere a ellos como “BACRIM” (Bandas Criminales), y junto con las guerrillas izquierdistas se encuentran entre los principales narcotraficantes del país. Estos grupos a menudo son llamados “nuevos paramilitares” porque la mayoría son dirigidos por ex comandantes de nivel medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que agrupa paramilitares que se sometieron a una desmovilización en 2006.

Desde entonces, los siguientes grupos se han multiplicado. Gracias a WOLA Intern Pierson Connor para la elaboración de este resumen.

AGUILAS NEGRAS

Territorio:

  • Activo en 99 municipios en 20 departamentos que van desde el interior de Norte de Santander (donde se dice que el nombre fue utilizado por primera vez) a la costa caribe de Magdalena y por el sur hasta Nariño, en la costa del Pacífico.

Miembros:

  • Hasta 4.000 miembros -, pero probablemente mucho menos porque el grupo parece estar disminuyendo.

Liderazgo:

  • Carece de una estructura de liderazgo cohesivo y de facciones, a menudo parece funcionar de forma individual, tomando el nombre a lo largo de casi una “franquicia” del modelo.
  • El ex líder de las AUC Vicente Castaño, originalmente del bloque Córdoba y Urabá (ACCU) se rumorea que participó en su creación; Castaño probablemente está muerto.

Linaje:

  • Alto porcentaje de ex miembros de las AUC en el grupo y tiende a hacerse eco de la ideología de las AUC y proteger las rutas de tráfico de las ex AUC.
  • En Norte de Santander, la mayoría de sus miembros fueron posibles participantes del ex Bloque Catatumbo. La presencia del grupo en Nariño es un producto de la absorción de los ex miembros del Bloque Libertadores del Sur. Muchos miembros del grupo en Nariño recientemente desertaron a los Rastrojos.
  • Otros bloques similares de las ex AUC cambiaron de nombre y reanudaron muchas de sus actividades anteriores.

Conexiones de notables

  • Cada célula al parecer intenta garantizar la autonomía individual sobre su territorio, sin alianzas más amplias.

Noticias recientes:

  • Con frecuencia en la prensa por el secuestro y asesinato de periodistas y activistas de derechos humanos, así como amenazas a las ONG colombianas e internacionales.

ERPAC – EJÉRCITO REVOLUCIONARIO POPULAR ANTITERRORISTA DE COLOMBIA

Territorio:

  • Más potente en los llanos orientales, especialmente los departamentos de Casanare, Meta y Guaviare.
  • Sus operaciones afectan a 36 municipios en 14 departamentos, incluyendo el Distrito Capital y Antioquia.

Miembros:

  • Un estimado en 2009 por el ejército colombiano sugirió un tamaño de 725 miembros.
  • Número de municipios en los que opera el grupo creció de forma significativa después de esa fecha.

Liderazgo:

  • Sigue siendo frágil desde la matanza el 25 de diciembre de 2010, por la policía colombiana, de su máximo líder Pedro Oliveiro Guerrero (alias “Cuchillo”).

Linaje

  • Surgió después de que Oliveiro asesinara al líder del ex Bloque Centauros José Miguel Arroyave en el Meta, el departamento al sur de Bogotá, en 2005.
  • Se basó en los recursos del antiguo bloque de las AUC.
  • Creció rápidamente a través del desarrollo de una asociación con el narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera en el proceso de base de coca en los llanos orientales y exportación del producto a través de Brasil y Venezuela.

Conexiones notables:

  • Recientes alianzas territoriales con antiguos rivales de las FARC pueden explicar que la expansión continuara a pesar de un liderazgo incierto.

Noticias recientes:

  • Oliveiro hermano de Jesús Guerrero Castillo, alias “Carecuchillo” escapó de la prisión para hacerse cargo de la organización a principios de este año, pero fue capturado poco después.

LOS PAISAS (“PAISA” ES ALGUIEN DEL NORTEÑO DEPARTAMENTO COLOMBIANO DE ANTIOQUIA.)

Territorio:

  • Más activos en Antioquia (especialmente en el norte y en Medellín se extienden a las regiones al sur de la ciudad), Córdoba, Sucre, Atlántica y el Magdalena.
  • Presente en 63 municipios en 9 departamentos en total.

Miembros:

  • Consiste en gran parte de los ex miembros de la Oficina de Envigado – una organización de tráfico de drogas con origen en el cartel de Medellín de Pablo Escobar – y el Bloque Mineros que operaba en Antioquia.
  • Cálculos precisos sobre el tamaño del grupo y la cohesión son difíciles de hacer debido a su inestabilidad de liderazgo.

Liderazgo:

  • Plagado de luchas internas desde su creación.
  • En 2010, el líder del Ángel de Jesús Pacheco se enfrentó con César A. Torres, alias “Mono Vides”, y Rafael Álvarez Pineda, alias “Chepe”, y dejó el grupo para unirse a los Rastrojos, junto con cientos de sus hombres.
  • El liderazgo sigue siendo incierto a raíz de los recientes arrestos.

Linaje:

  • Primero surgió como una milicia rural vinculado a la organización criminal de la Oficina de Envigado, liderada por Diego Murillo, alias “Don Berna”.
  • Se separó de la Oficina después de la extradición de Berna a los Estados Unidos en 2008.
  • Continúa una fuerte rivalidad con los Urabeños, un grupo que inicialmente elevó las tensiones con la Oficina por sus incursiones en el territorio circundante de Medellín.

Conexiones notables:

  • Las autoridades también creen que algunas rutas de contrabando controladas por los Paisas proporcionan drogas al sindicato mexicano criminal de los Zetas.
  • El grupo también se ha aliado con las facciones de las FARC que están en contra de Los Urabeños.

Noticias recientes:

  • Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias “Nano”, (un supuesto fundador) fue detenido en febrero.
  • El 13 de junio, la policía colombiana capturó al jefe militar del grupo Jesús María Mosquera Mosquera, alias “Sangre”. Él según se dice tenía 300 personas bajo su mando entonces.

LOS URABEÑOS: TAMBIÉN CONOCIDOS COMO AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA

Territorio:

  • Su zona de influencia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.
  • También una fuerza en La Guajira, Cesar, Santander y las ciudades de Medellín y Bogotá.
  • Activos en 160 municipios de 17 departamentos y controla las regiones de la costa caribeña y partes de la frontera con Venezuela y Ecuador.

Miembros:

  • El número total de participantes no está claro, pero se basa en por lo menos 1.200 miembros activos.
  • Los miembros suelen enviar más equipos entrenados para proteger áreas importantes para el tráfico.
  • Los números también están reforzados por las bandas locales a menudo contratados por el grupo.

Liderazgo:

  • Bajo el control de los hermanos Usuga, Juan de Dios y Darío Antonio, ya que en 2009 fue encarcelado Daniel Rendón Herrera (alias “Don Mario”).

Linaje:

  • Después de una pelea con el ex líder de Centauros José Miguel Arroyave, Daniel Rendón Herrera huyó a la región del Urabá, donde el grupo paramilitar de su hermano, Freddy Rendón (alias “El Alemán”, actualmente en prisión) el Bloque Elmer Cárdenas, tenía el poder.
  • El Bloque Elmer Cárdenas, se desmovilizó en 2006, Rendón reunió las fuerzas remanentes y algunos ex miembros del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) con el fin de una rápida expansión hacia el sur de Córdoba, la región del Bajo Cauca en el norte de Antioquia, y parte de Medellín.
  • En los dos años anteriores a la detención de Rendón en 2009, las autoridades culparon a sus fuerzas de más de 3.000 muertes.

Conexiones notables:

  • Los Urabeños han hecho los últimos movimientos para conseguir más poder en Medellín a través de una alianza con Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”, un miembro de la Oficina de Envigado desarticulada, ahora luchan por el control de la región con Erick Vargas, alias “Sebastián”, también de la Oficina.

Noticias recientes:

  • En junio, Rodrigo Antonio Oquendo Urrego, el “Terror de La Guajira”, fue capturado por las autoridades.

RASTROJOS

Territorio:

  • Se expandió rápidamente de tan sólo seis departamentos en el año 2008 a más de 22 en 2010 y opera en 185 municipios. Probablemente el “nuevo” grupo paramilitar más poderoso a partir de este escrito.
  • Su región de control se ha extendido al sur del Valle del Cauca y Risaralda en las regiones fronterizas con Perú y Ecuador y el norte en Antioquia, Chocó, el Caribe y Norte de Santander.

Miembros:

  • Las estimaciones van desde 1.200 a 1.500 individuos.
  • Rápida absorción de muchos de los antiguos miembros de las AUC, y muchos nuevos reclutas, ya que el crecimiento continúa.

Liderazgo:

  • Expandido de manera exponencial desde el año 2009 con Luis Enrique Calle Serna, alias “Comba”.

Linaje:

  • Se originó en 2002 como brazo armado del extinto cártel de drogas del Norte del Valle, durante un período de luchas internas entre los principales capos Wilber Varela, alias ‘Jabón’ y Diego Montoya, alias “Don Diego”, que enfrentó a los Rastrojos de Varela contra la ahora extinta banda en su mayoría de Montoya los “Machos”.
  • Vistos más como “narcos” que paramilitares, por lo tanto no se les permite participar en las negociaciones de desmovilización de las AUC. Se mantuvo activa tras el asesinato de Varela en 2008 y la captura de Montoya en 2007.

Conexiones notables:

  • Presunta asociación con el ELN en el Cauca y Nariño desde el año 2006.
  • Recientes acuerdos de tráfico de drogas con las FARC en Putumayo y probablemente en otros lugares.
  • Aliado con Daniel “El Loco” Barrera Barrera.

Noticias recientes:

  • Importante comandante Ruberney Vergara Sanabria, alias “Maniquemao”, antes asociados a las Águilas Negras, fue capturado en Venezuela en mayo.
  • Cada vez más sospechosos de intentar eliminar la Oficina de Envigado de Maximiliano Bonilla para tomar el control pleno de la costa oeste.

Artículo Original: Colombia’s “new” paramilitaries